Cuarto de crisis

Manejo de crisis

El desastre de la reconstrucción

Joaquin Ortiz de Echavarria

20 septiembre 2018


Los desastres naturales son parte de la cotidianediad de la vida de millones de mexicanos. Desde aquel terremoto un domingo 28 de julio de 1957 cuando se cayó el ángel de la independencia, hasta los sismos de los 19 de septiembre de 1985 y 2017. Huracanes, erupciones y sequías acompañan la cultura de quienes hemos vivido el miedo de escuchar una alarma sísimica o ver prensencialmente los cadáveres en una morgue o entre los escombros.

Cada fenómeno natural se vive distinto. Se siente distinto y se teme distinto. Pero el recuerdo permanece en el tiempo y en las cicatrices humanas de quienes perdieron a un familiar o a un amigo; y también en las cicatrices urbanas donde al paso de los años los procesos de reconstrucción evolucionan de la inmediatez a la eternidad. Miles de casas sin reconstruir; edificios aún en condiciones de riesgo; inmuebles coloniales e iglesisas de valor histórico siguen a la espera de los fondos y los recursos económicos que permitan el anhelado regreso a la normalidad: a ese día anterior del desastre. Pero no pasa nada.

Durante la emergencia por los sismos de septiembre de 2017, al menos 12 organismos autónomos y partidos políticos transfirieron al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) casi dos mil 700 millones de pesos, sobre los cuales no hay información de su aplicación, según un informe de la organización no gubernamental Transparencia Mexicana. Según el documento Transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados a un año de los sismos, los fondos correspondían al presupuesto 2018 de diversas dependencias y partidos que fueron transferidos para atender la emergencia. El informe detalla que el mayor contribuyente fue el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con mil 754 millones de pesos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio 274.9 millones de pesos, y el Instituto Nacional Electoral (INE), 115 millones de pesos. A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aportó 91.1 millones de pesos; la Cámara de Diputados, 50 millones; la Comisión Federal de Competencia, 16 millones, y el Instituto Nacional de Transparencia, 10 millones de pesos. Respecto a las donaciones de prerrogativas de partidos políticos, el informe de Transparencia Mexicana resalta que el PRI contribuyó con 258.6 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, 50.9 millones de pesos; PAN, 50 millones; PVEM, 10.5 millones, y Encuentro Social, 10.2 millones de pesos. Los partidos que no donaron recursos de sus prerrogativas para los damnificados, según los documentos oficiales, son Morena, Partido del Trabajo, PRD y Nueva Alianza.

Los recursos, por dos mil 692 millones de pesos, se integraron en una bolsa conjunta que fue canalizada al Fonden, organismo que informó que dichos fondos serían destinados a la restauración de monumentos históricos y no a la atención de damnificados.

“En cuanto al destino de las aportaciones extraordinarias, se informó que se aplicarían en acciones de reconstrucción del sector monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de las entidades federativas”, indica el análisis de la organización civil.

Sin embargo, “se carece de información acerca del estatutos de operación de las obras y su avance”.

Los anexos del Sexto Informe dan cuenta que en la recuperación de monumentos históricos, a donde se canalizaron los recursos aportados por otras dependencias, culminará a finales de 2020. La recuperación de dos mil 221 inmuebles dañados, “por el cuidado que debe ser atendido y el grado de especialización, se extenderá hasta el segundo semestre de 2020. Los recursos destinados para este trabajo, son principalmente del Fonden y el seguro contratado”. Al último corte, se reportó que se han restaurado 278 bienes culturales, 50 monumentos históricos y 12 zonas arqueológicas, aunque se desconoce si en esos trabajos se utilizaron recursos canalizados por otras dependencias al Fonden.


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