Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Armando asesinatos

Joaquin Ortiz de Echavarria

23 Agosto 2018


México es un país con miles de criminales que portan pistolas; ametralladoras; rifles de alto impacto y hasta lanza cohetes que consiguen ilegalmente en cantidades alarmantes. Solo en 2014 se vincularon directamente más de 800,000 armas con al menos 8,000 homicidios. Un reto enorme que tiene que enfrentar la nueva administración de López Obrador: tratar de controlar el tráfico de armas que llegan a México principalmente de Estados Unidos, uno de los países del mundo en donde es relativamente sencillo adquirir una.

En el periodo 2015-2017 los decomisos de armas cayeron 34.8% y los homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 29.3% con respecto al lapso comprendido entre el 2012 y el 2014, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el último año del gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros del presidente Enrique Peña Nieto, se reflejó una estadística de que por cada asesinato con arma de fuego se aseguraban 74 armas. Para 2015 y 2017 esta cifra cayó hasta 37.3 armas.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos mediante una solicitud de transparencia, fue en 2014 cuando se registró el mayor número de pertrechos puestos a disposición del Ministerio Público federal con un total de 812,329 piezas, en tanto que el número de carpetas de investigación por asesinato en los que se usaron armas de fuego fueron 8,589. Sin embargo, después de ese año no se volvió siquiera a alcanzar la cifra de aseguramientos del 2014; en tanto, los homicidios en los que se utilizaron armas de fuego se incrementaron considerablemente.

Entre 2014 y 2015 los aseguramientos cayeron 8%, mientras que los homicidios se incrementaron 6%; sin embargo, comparado con 2016 los aseguramientos de armas cayeron 76%, en tanto que los homicidios con arma de fuego subieron 45%.

Entre los diez estados que encabezaron los decomisos de armas de fuego, los últimos seis años, se encuentran Ciudad de México (7 mil 918), Guerrero (4 mil 780), Tamaulipas (3 mil 752), Sonora (2 mil 864), Jalisco (2 mil 630), Michoacán (2 mil 499), Baja California (2 mil 293), Estado de México (2 mil 206), Guanajuato (mil 599) y Sinaloa (mil 576).

Pese a que 2017 ha sido el año más violento en la historia reciente de México, no se consiguió batir el récord de decomiso de armas, cartuchos, cargadores, explosivos y accesorios, pues mientras las carpetas de investigación por homicidio doloso se incrementaron 95 por ciento en comparación con 2014, los aseguramientos se mantuvieron 57 por ciento abajo.

El problema: La falta de una estrategia para el eficiente control de tráfico de armas provenientes principalmente de Estados Unidos y que ha sido el principal dilema que ha enfrentado el gobierno actual y que será un reto para la próxima administración, dijo el ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara. “Aquí tenemos ese primera dificultad y será un desafío para Andrés Manuel López Obrador, poder construir con Donald Trump, esta táctica y siempre y cuando los cabildeos de la industria de armamento lo permitan, creando eficientes acciones de contención”, señaló.

Otro de las complicaciones que enfrenta el país es la falta de tecnología para detectar el tráfico ilegal de armas en la frontera: “Las tecnologías modernas y efectivas permiten identificar contenedores, vehículos, que contengan armas, especialmente las más letales, que son las que importa identificar y contener dadas las restricciones para poseer cierto tipo de armamento”.

Una causa más, precisó, es la insuficiente investigación por parte de la PGR y la falta de coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Unidad de Inteligencia Financiera para que combatir el lavado de dinero, producto del tráfico de armas.

Alcántara agregó, que la falta de coherencia y desconfianza entre corporaciones federales, estatales y municipales, fue aprovechado por los grupos de la delincuencia organizada provocando un incrementó en la violencia, además de que se dejaron de asumir responsabilidades permitiendo que grupos de coordinación se hicieran cargo de una tarea, que consistía en el intercambio de información y formulación de estrategias para que por Estado se atendieran los delitos de alto impacto, como homicidios, extorsiones y secuestros. “El gran déficit del presidente Peña Nieto en materia de políticas públicas empieza por no ponderar la importancia del tema de seguridad y procuración de justicia, donde ni siquiera se ha tenido un fiscal general o administrador responsable de la conducción de la PGR, eso evidenció un total descuido en el tema de seguridad pública y justicia” provocando lo platicado finalizó.

En el primer semestre de 2018 se han asegurado 138,141, armas y se han cometido 9,836 asesinatos con estos pertrechos. Las cifras dejan una media de 14 armas o municiones por cada muerte violenta en el país.


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