Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Elección por la violenta

19 Abril 2018


¿Es seguro ser político en México? ¿Hasta dónde el crimen organizado es un factor relevante en este proceso electoral? Amenazas; lavado de dinero; violencia social; golpes y asesinatos son algunos de los indicadores que ya están contaminando el clima electoral en el país. Y más allá de los muertos y los cadáveres, producto del crimen organizado, también los políticos se han convertidos en sujetos y objetos de actos violentos.

Según datos del Tercer Informe de Violencia Política México 2018, elaborado por la firma Etellekt Consultores, dado a conocer por el portal Infoabe, del que se desprende que con el asesinato del alcalde con licencia y candidato a presidente municipal de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña; van 79 políticos asesinados en el país en los últimos siete meses y en ese lapso también se registraron 203 agresiones, 173 ataques directos a actores políticos y 30 a sus familiares; además de amenazas, intimidaciones, agresiones con armas, secuestros y asaltos, entre otros.

Las agresiones a políticos se han registrado en 29 de las 32 entidades del país, y en el 80% de los casos se atribuyen al crimen organizado, quien tiene particular interés en cuatro estados en los que buscaría mantener el control del cultivo de amapola, el robo de combustibles y de mercancías de transportes de carga. Los estados que concentran el mayor número de asesinatos de políticos son Guerrero con 18; Oaxaca con 13; Puebla con 9; Veracruz con 8 y Estado de México con 6.

Según la tendencia y los datos estadísticos, es de esperarse que sigan este tipo de noticias tan lamentables en los días venideros, pues el fenómeno se gestó durante mucho tiempo y no descenderá por arte de magia, mucho menos cuando vemos tanto yerro en el combate a la inseguridad, a la corrupción y a la impunidad. Será acaso por eso que el obispo de la Diócesis de Chilpancingo Guerrero, Salvador Rangel, mejor optó por reunirse con gente del crimen organizado para pedirles que ya no hubiera más asesinatos de candidatos y obtuvo la promesa de que no atentarán contra candidatos de esa entidad en este proceso electoral.

Por tratarse en algunos casos de servidores públicos con licencia o personas que ejercen recursos públicos prevenientes de los órganos electorales y respetando el dolor de sus familias, los ciudadanos tenemos derecho a pedir justicia, pero también a ser informados sobre el móvil de estas ejecuciones, no por morbo, sino más bien para saber si los asesinatos son por tener nexos con el crimen organizado o por no haberse sometido a sus pretensiones; ambas hipótesis muy graves, por donde se les quiera ver.


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