Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Retos, hechizos y maleficios en el 2018

Joaquin Ortiz de Echavarria

14 Diciembre 2017


Parece un cuento de terror. Parece también una historia donde lo macabro y lo espectral hacen alianza para que millones de mexicanos conozcan el lado oscuro del miedo; el horror y el terror. Pero no hay duda que el espectro de la inseguridad ha poseído y destruido la paz y la tranquilidad de millones de mexicanos desde hace muchos años, tantos que la memoria colectiva no alcanza a sumar miles de muertos distribuidos en varios sexenios. Puede ser culpa del PRI; puede ser culpa del PAN. Puede ser la culpa de la corrupción o la impunidad; el consumo de drogas en Estados Unidos; el tráfico ilegal de armas en México o simplemente una maldición que alguna hechicera porfió contra tierra azteca, pero en los hechos, los delitos aumentan cada año que pasa. Los muertos y también lo que cuesta combatir la inseguridad.

De ahí que en los tiempos electorales en el 2018, el tema de combate a la inseguridad será, sin duda, uno los elementos torales de cualquier candidato que aspire a la presidencia la República Mexicana. Ninguno de ellos puede sustraerse de hacer propuestas para combatir al crimen organizado; disminuir el volumen de actividades delictivas relacionadas con asaltos; asesinatos; extorsiones y secuestros. El reto es monumental: municipios que cuentan con policías o en su defecto las policías que tienen son ineficientes o están infiltradas por el crimen organizado.

El incremento del consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico ilegal de armas hacia México inciden directamente con el aumento de la violencia en el país. Aquí algunos datos. Cada año los delitos cometidos en casas habitación representa una cifra de $229,100 millones de pesos anualmente, equivalente al 1.1% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), equivale a un promedio de $5,647 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. El costo de la inseguridad se divide en gasto en medidas preventivas, pérdidas económicas causadas por los delitos y gastos por daños en la salud, según el INEGI.

Los gastos preventivos de los hogares equivalieron a $82,000 millones de pesos y las perdidas por victimización representaron $147,100 millones de pesos al año, indicó el instituto. El delito que representó la mayor pérdida económica para las víctimas fue el robo a vehículo, con $27,463 pesos en promedio, mientras que la extorsión se ubica en el último lugar, con $1,104 pesos perdidos por hecho delictivo.

Sin embargo, la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia -el primero es el robo o asalto en la calle o en transporte público-. En promedio al año se cometen en el país 8,945 extorsiones por cada 100,000 habitantes, el 24.2% de los 37,017 delitos cometidos por cada 100,000 habitantes. Cada año la cifra sigue creciendo: más de 9,000 extorsiones en 2017; 8,945 extorsiones en 2016 y 8,600 registradas durante 2015. Además, la extorsión es el delito más frecuente en 21 entidades del país. En siete entidades, incluida la Ciudad de México, el robo en vía pública es el delito más frecuente, mientras que en el resto los delitos con mayor incidencia fueron otros como el fraude y la agresión verbal. El año pasado solo en 4.4% del total de las extorsiones se pagó el monto solicitado, el porcentaje más bajo desde que el instituto hace la medición, en 2010, según el INEGI.

La cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian o que no generan una averiguación previa, rondan anualmente el 95%. Cada año en México solamente se denuncian el 9.7% del total de los delitos, para los cuales el Ministerio público inició una averiguación previa o una carpeta de investigación de 65.2% de los casos. Por delito, la extorsión es la que tiene una mayor cifra negra, con 98.3%, seguida por el fraude con 95.8% y el robo en la calle o transporte público con 95.1%. En el otro extremo se encuentra el robo total de vehículo, con una cifra negra de 31%. El ejercicio arrojó que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en 49% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

¿Cuál será la agenda de José Antonio Mead; Andrés Manuel López Obrador; Ricardo Anaya y de quien logre ser candidato independiente? ¿Cuál será la fórmula que apliquen para revertir décadas de crecimiento del crimen organizado en México? ¿Aplicarán aquellos mitos urbanos y pactarán con los criminales para disminuir la violencia a cambio de beneficios y territorios para los malandros? Y de igual forma, ¿cómo frenaran la gasolina del lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita que van de la mano con las actividades de los delincuentes? Poco o casi nada han dicho hasta el momento los candidatos sobre este tema. Mead, del PRI, ha dicho: "Necesitamos seguridad y justicia, porque la seguridad y la justicia no pueden depender de dónde se nace, en dónde se vive, ni de cuánto se gana", dijo este domingo.

Además, ve al ejército como su aliado. "Las Fuerzas Armadas nos han dado certeza, es tiempo de que les correspondamos. Mi reconocimiento a los soldados, pilotos y marinos, por el esfuerzo y gran sacrificio que hacen para defender al país y a nuestras familias", aseguró el simpatizante priista. Algo también interesante que marco el precandidato del PRI es la economía digital: la construcción de una economía digital es hoy la base para que se logre combatir la corrupción y para abatir la delincuencia y la inseguridad”

López Obrador, candidato de Morena, hablo del tema y propuso una amnistía para los criminales. “Vamos a explorar todas las posibilidades desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctima; , vamos a plantearlo. Lo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”, afirmó López Obrador y agregó:. “la estrategia actual en materia de seguridad no sirve”. “Ha sido –según López Obrador- una estrategia equivocada el querer resolver las cosas solo con medidas coercitivas, con policías, soldados, marinos, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, masacres, eso no sirve, ya lo estamos viendo; hay que cambiar la estrategia y hay que atender a la gente, hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles de que necesitamos la paz”.

Anaya, el hombre fuerte del frente conformada por PAN, PRD y MCl aseguró que no retirará a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública en el corto plazo y "dejar a los ciudadanos a su suerte". El panista implementará el llamado Mando Policial Mixto, en el cual solo podrá intervenir una policía de nivel superior en los estados y municipios determinados por un órgano técnico específico.

Para Jaime Rodríguez, el llamado bronco, debe haber cárcel para los corruptos e insistió en que si ganaba el gobierno acabaría con la corrupción y está de acuerdo con el mando único. Por su parte, Margarita Zavala, precandidata independiente, ha comentado: “la seguridad tiene que ser un tema del Estado Mexicano y piensa enfrentarla con valentía, independiente de los costos políticos que puedan ocasionar. Zavala buscará el regreso del Ejército a los cuarteles y su prioridad será dar más apoyo a las instituciones de seguridad pública para que garanticen el bienestar de los mexicanos.

Más allá de las palabras, también el factor crimen organizado puede jugar un papel electoral, como lo fue cuando el candidato priísta a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio, murió de un balazo en la cabeza en el 23 de marzo de 1994. El combate al crimen organizado es tema clave de la agenda electoral de cualquier candidato, pero también la violencia de los grupos criminales como el cartel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, podrían modificar las próximas elecciones vía un atentado.

La agenda que ha impuesto el crimen organizado y los delincuentes son parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, que acostumbrados o resignados a vivir en un país violento esperan que el próximo presidente de la república y quienes integren su administración, puedan dar alguna respuesta que funcione para disminuir la violencia. Ya no es un asunto de políticas públicas. Es un asunto de sobrevivencia de las instituciones; del Estado de Derecho y de millones de mexicanos. Ningún otro asunto debe ser más importante que este.


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