Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Autodefensas, el recuento de los hechos

Joaquin Ortiz de Echavarria

29 Agosto

Si se quiere entender la historia del narcotráfico en México, es necesario observar Michoacán, ya que es zona apta para el negocio de las drogas por sus tierras fértiles para el cultivo, puerto para grandes cargas, cercanías con estados claves, entre otras. Sin embargo, parece que el expresidente de México, Felipe Calderón, logró sumarle una cosa más: el surgimiento de las autodefensas.

A diez días de asumir la presidencia (2006-2012), Calderón le declaró la guerra al narco, movilizando siete mil elementos de seguridad pública y un presupuesto de mil 250 millones de pesos. El Operativo Conjunto Michoacán inició en este estado por solicitud del entonces gobernador y, posteriormente, se dieron en otros estados también. No obstante, el Operativo y la guerra contra el narco que le siguió trajeron consigo más problemas que soluciones.

Durante el periodo del combate bélico en el Estado de Michoacán, las organizaciones criminales ya contaban con bastante presencia; los Zetas y La Familia Michoacana en particular. Los segundos ofrecían salvación a la ciudadanía de la opresión de los Zetas, creaban lazos de armonía con la comunidad y respondían con eficacia las demandas sociales, ocasionando que tuvieran mayor autoridad y presencia. Sin embargo, los enfrentamientos entre los grupos criminales y el ejército continuaban, dejando a la ciudadanía desprotegida.

Ni La Familia ni las fuerzas de seguridad pública daban protección a la comunidad; al contrario, la exponían a los combates, así generando una cifra nueva en las estadísticas: los daños colaterales (personas inocentes) en un espiral de violencia total. Ante tales sucesos, La Familia Michoacana anunció su disolución dejando un vacío que sería ocupado por Los Caballeros Templarios que retomaron las actividades criminales.

Tras seis años de la guerra contra el narco en la zona de Tierra Caliente, el crimen organizado seguía teniendo autoridad, presencia y a su disposición los funcionarios públicos. Los ciudadanos se encontraban expuestos y violentados por Los Caballeros Templarios. Ante una política de seguridad fracasada, ¿cuál debe ser el papel del ciudadano cuando el Estado no puede dar respuesta?

A inicios del año 2013, surge un grupo de pobladores inconformes que hartos de las relaciones de dominación, decidieron organizarse y expulsar al crimen organizado. El movimiento de autodefensas ganó popularidad y se replicó en otras zonas de Tierra Caliente.

Para aquel entonces, la administración de Enrique Peña Nieto consideraba un problema que un grupo tomara la justicia por sus propias manos; dentro de la opinión pública existían diferentes posturas: por un lado, la aprobación de las autodefensas y, por otro lado, la desaprobación, porque incentivaba a la justicia por mano propia. Fueron tan apresuradas las respuestas gubernamentales que el gobierno federal primero persiguió a las autodefensas (enfrentando y arrestado por posesión ilegal de armas), después anunció otorgarles el apoyo (a pesar de que el gobierno estatal descalifica a la organización) y finalmente se negoció para que el movimiento se institucionalizara (actualmente Policía Michoacán, División Fuerza Rural).

Legitimar las autodefensas (institucionalizarlas) trajo consigo connotaciones sociopolíticas. Los grupos armados actúan con base en intereses, los cuales pueden ser similares a los del gobierno, pero no se asegura el cumplimiento absoluto de las reglas -ya sea por desconfianza o desapego a la institución-. Los grupos comunitarios armados surgieron como una forma de resolver los problemas que no podía hacer en su momento el Estado.

Asimismo, las autodefensas y el ejército perseguían al mismo enemigo: el crimen organizado. No obstante, los primeros por la vía ilegal y el segundo por la vía legal, de tal manera que se negociara y se llegara a trabajar en conjunto, dando paso a formalizar al movimiento “una estrategia de control eficaz y no confrontaciones que permitiría al gobierno tener registro de quiénes formaban y dónde operaban grupos armados”.

Otro de los problemas de institucionalizar a los grupos armados es que motiva a la creación de movimientos armados y una vez que lleguen a tener una notoriedad en la esfera pública podrán negociar con el Estado, sin importar los sucesos y/o vías para llegar al reconocimiento. Además, formalizar las autodefensas desacredita las academias policiales y a la inversión que hace el Estado a estas instituciones. Por último, los grupos armados autónomos actúan bajo sus propios estatutos de qué es justo y qué no, ocasionando así una deficiencia para establecer lazos de cooperación con otras fuerzas de seguridad pública.

A manera de conclusión, es importante recordar que el surgimiento de La Familia Michoacana fue para proteger a la ciudadanía de los Zetas. Las autodefensas, a su vez surgieron para expulsar al crimen organizado y dar protección a la ciudadanía también. No obstante, ambos grupos operaban en la ilegalidad y la mayoría de sus miembros eran de la misma comunidad. Guiados más por venganza, que por justicia… ¿son un mal necesario? Sin duda alguna, la justicia por mano propia es retroceder a la barbaría, pero parece pareciera ser una forma más eficiente para erradicar o enfrentar al crimen organizado que el sistema legal actual. Si las autoridades se encuentran vinculadas a grupos criminales, ¿quién debe de proveer la seguridad? ¿El mismo pueblo?


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