Cuarto de crisis

Manejo de crisis

¿Quién los mató?

Joaquin Ortiz de Echavarria

8 Agosto

En el baño de sangre en el que se ahoga México desde hace más de 18 años, destaca la muerte de cientos de funcionarios públicos; mandos policiácos; procuradores de justicia y jueces cuyos casos no son esclarecidos cabalmente. ¿Quién los mató? ¿Porqué los mataron? ¿Para qué los asesinaron?

Apenas el 24 de julio de este año murió en otra misteriosa caída de un helicóptero, Martín Godoy Castro, quien fuera secretario de seguridad pública de Michoacán. Y la liga es inmediata: la memoria lo une con Ramón Martín Huerta, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Vicente Fox, quien en septiembre de 2005 también falleció de la misma forma. A esta lista hay que sumar a los ex secretarios de gobernación: Francisco Blake Mora, quien murió el 11 de de noviembre de 2011 y a Juan Camilo Mouriño el 4 de noviembre del 2008.

En los últimos 12 años el crimen organizado ejecutó a 138 alcaldes, entre ediles en funciones; electos y ex alcaldes: 49 fueron privados de la vida durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y 85 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya en el sexenio de la 4T han sido cuatro los alcaldes privados de la vida.

En lo que se refiere a funcionarios públicos asesinados, en el sexenio calderonista 174 fueron ultimados por el crimen organizado: 83 de ellos eran mandos policiacos. Al final del mandato peñista, según datos del Séptimo Estudio de Violencia Política en México 2018 elaborado por Etellekt, durante el pasado periodo electoral 152 políticos y 371 funcionarios fueron asesinados: 523 en total. De los 152 políticos que perdieron la vida en atentados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección, mientras de que de los 371 funcionarios, 301 pertenecían a agencias de seguridad. Por lo anterior, las elecciones de 2018, fueron catalogadas como las más mortíferas en la historia reciente de nuestro país.

En la actualidad no existe un estudio oficial que ofrezca todas las cifras acumuladas de funcionarios y elementos vinculados a la procuración de justicia que han sido asesinados. Sin embargo, entre 1987 y 2019, se han documentado al menos 16 casos de alto perfil. Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, de 1987 a 2016 se habían registrado siete atentados contra jueces federales: Pedro Villafuerte Gallegos, juez de distrito del Estado de Morelos. Fue asesinado en septiembre de 1987. Recibió 33 impactos de bala, una por cada condena que impuso. Sergio Novales Castro, magistrado de Sonora, fue encontrado muerto en el año 2000, con signos evidentes de tortura. Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala, magistrados adscritos en Sinaloa, fueron asesinados a balazos en noviembre de 2001, por una sentencia que emitieron. René Hilario Nieto, adscrito del Estado de México, fue asesinado a balazos en agosto de 2006 por otra resolución. Carlos Elarza Amores, juez de distrito del Estado de Nayarit, fue atacado a balazos en 2010, aunque sólo falleció uno de sus escoltas.

El secretario del juez federal Rubén Avelar Castro, adscrito en Jalisco, fue asesinado a balazos en 2011, aparentemente por unas diferencias durante una diligencia judicial. El juez Vicente Antonio Bermúdez, adscrito en el Estado de México, asesinado de un disparo en la cabeza el 17 de octubre de 2016.

Sumados a estos, otros casos de jueces y funcionarios judiciales cuyos asesinatos han tenido un alto perfil en los últimos tres años son: el de José Luis de León, Ministerio Público Federal adscrito Nuevo León en febrero de 2017; Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fiscal especializada en delitos sexuales de Veracruz, en Pánuco el 28 de noviembre de ese año. En 2018, fueron ejecutados en Tamaulipas, Abelardo Ibarra Torres – juez del caso de la española Pilar Garrido, asesinada por su esposo- y la fiscal Erika Granados mientras circulaban en un automóvil por Ciudad Victoria en diciembre; el juez de control y enjuiciamiento penal Joaquín Castro Camargo fue asesinado en Los Mochis, Sinaloa en septiembre del mismo año; el juez de Juicio Oral y Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, Ernesto Montoya Garduño, fue baleado por dos sujetos en un predio de la carretara a Atlacomulco también en septiembre de ese año.

Recientemente, en junio de 2019 fue asesinado el juez calificador de Huauchinango, Puebla, Román Garrido Espinoza. El pasado 2 de agosto el comisario de la Policía de Tepatitlán, Jalisco, Arturo Gómez Vargas, fue ejecutado, junto con su escolta, sobre la carretera Guadalajara-Tepatitlán; días antes el 26 de julio el fiscal regional de Jalisco, Gonzalo Huitrón Reynoso, también fue asesinado tras un ataque registrado en la carretera Santa Rosa-La Barca, en Poncitlán.


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