Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Centroamérica y Violencia

Joaquin Ortiz de Echavarria

11 Julio 2019

La migración centroamericana hacia Estados Unidos ha adquirido dimensiones de crisis humanitaria debido a su peligroso y a veces mortal paso por México y a su complicado final en la frontera. Es cada vez más probable que este viaje termine con el migrante siendo expulsado, obligado a permanecer en el lado de la frontera que no quiere o en el peor de los casos, muerto en las aguas del río Bravo o en el desierto.

Además de las razones económicas que impulsan al migrante centroamericano, al igual que al mexicano, el otro factor de desplazamiento es la violencia.

Al respecto, la consultoría especializada Corporate Security Consultants publicó el pasado junio un estudio titulado Análisis y Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Centroamérica.

El primer dato comparativo es el indicador de homicidios dolosos, rubro en el que México sigue rompiendo récords, por lo menos hasta el mes de junio. Para analizar la información están los datos de los tres países más cercanos a la frontera mexicana, que por ahora son los responsables de la mayor llegada de migrantes: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Como resulta obvio, los números de estos países son muchos menores en términos absolutos que los de México.

Por ejemplo, en 2018 Guatemala registró un total de 3,885 homicidios dolosos, El Salvador 2,814 y Honduras 3,900, mientras que México superó los 34,000. Sin embargo, el impacto que estos hechos ocasionan en una sociedad en particular, sólo se entiende al tomar los números proporcionales.

Cuando se comparan los últimos 10 años en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, el primer resultado es que estos tres países han vivido una década infernal, especialmente Honduras.

Hay 10 millones de hondureños viviendo en su territorio, mismos que tuvieron años críticos entre 2010 y 2013, siendo el peor 2011, cuando se alcanzó un pico de 85.06 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por comparar, este 2018 de México, que ha sido el peor año en su historia reciente, la tasa alcanzó los 26.02 asesinatos dolosos por cada 100,000 habitantes. Nunca, ni en plena guerra contra el narcotráfico, México ha superado la tasa de 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Sobre El Salvador, ha sufrido un índice promedio de 66.71 asesinatos por cada 100,000 habitantes a partir de 2008. Sin embargo, su año pico, 2015, alcanzó una tasa de 94, la mayor en los cuatro países analizados.

La dinámica en Guatemala es sustancialmente mejor en promedio: el país vecino alcanzó un pico de violencia entre 2008 y 2009, con 45 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

Haciendo un rápido ejercicio matemático, si México en 2018 hubiese registrado la misma proporción de asesinatos que ese fatal 2015 de El Salvador, la cifra de muertos hubiera alcanzado los 123,500.

Sin embargo, en ese mismo contexto, hay estados en México que son perfectamente comparables a la situación centroamericana, como Chihuahua a principios de esta década, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, que han fácilmente alcanzado tasas de 70 a 80 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La consecuencia, en cualquier país o estado es el desplazamiento, la migración y el desarraigo.

El reporte de Corporate Security Consultants va más allá de estos datos. Al ponerlos en perspectiva anual, se comprueba que la tasa de homicidios dolosos va en franca tendencia a la baja en Centroamérica en los últimos tres años.

Es decir, los gobiernos están haciendo esfuerzos importantes para combatir el crimen en estos países, aunque les está llevando más de una década lograrlo.

Sin embargo, en El Salvador y Honduras el problema generalizado, y uno que lastima particularmente a la población, es el dominio de las Maras, las pandillas que llegan a controlar territorios en las zonas urbanas de ambos países. El combate al crimen organizado ha llevado a estos grupos delictivos a buscar otras formas menos riesgosas de allegarse fondos, en donde la extorsión se convirtió en una actividad que cunde por los barrios de San Salvador y Tegucigalpa.La extorsión lastima duramente a la población a todos los niveles, señala el estudio, incluso con especial furia a las de menos recursos, lo cual provoca, un recrudecimiento del movimiento migratorio, como ha sucedido también en Guerrero, Michoacán, incluso en Jalisco.

Entender la situación que vive Centroamérica ayuda a comprender que no basta con enfrentarse al narcotráfico. El crimen organizado puede mutar, y lo ha hecho, hacia otras formas de delincuencia, incluso más dolorosas y destructivas del tejido social.


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