Cuarto de crisis

Manejo de crisis

Más crímenes y menos dinero

Joaquin Ortiz de Echavarria

20 Junio 2019

El gasto en seguridad del gobierno alcanza apenas 0.96% del PIB y presenta un recorte de 14.3% en comparación a los recursos destinados en 2018.

Recientemente, el Semáforo de Delitos de Alto Impacto en el país evidenció que, entre enero y marzo el secuestro se disparó 550%, la extorsión aumentó 127%, el robo a negocio 62%, homicidios 48%, robo de vehículo 46% y narcomenudeo 31%. ¿Cuántos puntos de PIB se necesitan para recuperar la paz, derrotar al crimen y fortalecer las instancias de procuración de justicia y seguridad? ¿Cuánto tiempo se necesita si hubiera el dinero para lograrlo? ¿Es viable? ¿De dónde saldrá el dinero?

En este contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano advierten que será difícil para las autoridades federales y locales contener la escalada de violencia que enfrenta el país. “Nos llama la atención qué hay poco dinero y está distribuido de manera extraña, lejos del discurso del gobierno y lejos de los objetivos de seguridad”, dijo en conferencia de prensa Héctor Villarreal, director del CIEP.

El informe ‘Gasto Público en seguridad, una mirada a la ruta de los recursos’ explica que el gobierno federal no ha tenido una estrategia clara para lograr proveer de seguridad a la sociedad. “Existe una atomización de programas presupuestarios para cumplir con los objetivos, ya que en 2019 se identificaron 120 programas; sin embargo, los recursos se concentran solamente en seis de ellos”, destaca Alejandra Macías analista del CIEP.

Aunque el problema no es nuevo: el gasto en seguridad pública ha sido de 1 % del PIB, en promedio, de 2008 a 2019.

En 2019 este rubro representa 4 % del gasto total aprobado. De este presupuesto, 70 % es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación mientras que solo 1.5% se destina a prevención del delito y atención a los derechos humanos.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano explicó que prevención del delito, a pesar de ser una de las prioridades presentadas por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene una participación menor en el presupuesto, enfocándose primordialmente en la operación de los cuerpos policiacos. “México debería gastar el doble o triple en seguridad y gastar bien, el caso del estudiante Norberto es resultado de los efectos de política pública, podemos ver que hoy no hay coordinación nacional antisecuestros. La Ciudad de México es el ejemplo de que las malas decisiones acaban con vidas, el sexenio anterior fue un desastre, pero el gobierno dejó el indicador de secuestro a la baja”.


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